El territorio es de todos los argentinos

En las últimas horas y con motivo de la celebración del día de la diversidad cultural se han multiplicado las manifestaciones oficiales de respaldo a las comunidades originarias. Sin embargo, resulta importante reflexionar sobre algunas cuestiones aledañas a la cuestión indígena, que guardan relación con la defensa de la soberanía nacional.

En primer lugar, es necesario recordar que todos los integrantes de los pueblos originarios son antes que nada argentinos y que habitan nuestro territorio nacional. El territorio argentino es uno y es indivisible y el Estado nacional no reconoce más naciones dentro de su territorio que la nación argentina. Los pueblos originarios son reconocidos por el Estado argentino como tales, aunque siguen siendo compatriotas argentinos cuyas reivindicaciones deben enmarcarse en el contexto del derecho argentino e internacional.

En los últimos tiempos, no obstante, se ha visto emerger cada vez con mayor frecuencia manifestaciones de parte de grupos originarios que no reconocen a las autoridades nacionales y se están erigiendo en una suerte de organización paraestatal, por fuera del marco legal, apelando para legitimarse a un discurso radicalizado que vuelca sus orígenes en la presunción de la existencia de derechos ancestrales, anteriores a la conformación del Estado nacional.

Esta es una problemática candente no solo en nuestro país sino en varios países de la región. En Chile, por ejemplo, el gobierno del presidente Sebastián Piñera sostiene un conflicto con las comunidades mapuche que está tomando tintes preocupantes. Mientras el gobierno pretende recurrir a las fuerzas armadas para controlar los desmanes, se reproducen en el tiempo ataques vandálicos atribuidos a grupos mapuche.

En Paraguay el presidente Mario Abdo envió al parlamento una ley que propone recrudecer las penas contra el delito de invasión de tierras, estableciendo hasta diez años de condena para los ciudadanos encontrados culpables. Esta medida le valió el repudio de un grupo de indígenas que se concentró en la plaza del microcentro de Asunción, asegurando que permanecería allí hasta que se promulgara o vetara la ley. Afirman que endurecerán las medidas de presión y “no darán un paso atrás” en caso de que se efectúe la promulgación.

Bolivia es un país que reconoce en su constitución la categoría de plurinacionalidad y que está en manos de un gobierno de corte progresista, pero allí también se multiplican las protestas indígenas y los “whipalazos” en protesta contra el gobierno del presidente Luis Arce, arengados además por la oposición política.

En Argentina los episodios se repiten en la Patagonia, donde días atrás un grupo autodenominado mapuche reivindicó una serie de incendios acaecidos a inicios de este mes en diferentes dependencias del Estado nacional, entre ellas en una oficina de Vialidad Nacional que fue reducida a cenizas. El grupo afirmó su apoyo a “la acción de sabotaje realizada en la noche del 3 de octubre en inmediaciones del camino al cerro Catedral donde fueron destruidas dos máquinas y un galpón pertenecientes a Vialidad Nacional”, a la vez que advirtió que se mantendrán los ataques como una forma de acción para “lograr la liberación de su pueblo-nación”.

Y vale entonces preguntarse: ¿A qué se refieren estos grupos cuando hablan de “liberación”? Ni en Argentina ni en ninguno de los países arriba mencionados existe la esclavitud, todos esos países les reconocen a los grupos originarios la ciudadanía por haber nacido en el interior de las fronteras nacionales de cada país.

El impulso a esta clase de iniciativas indigenistas adolece del riesgo de poner en cuestión el orden público, pero aún peor, pone en cuestión la soberanía nacional. ¿Y por qué? La soberanía nacional es la facultad de un Estado-nación de dictar leyes de cumplimiento efectivo al interior de su territorio. Mientras existan grupos de ciudadanos que se resistan a reconocer la autoridad del Estado no existe soberanía efectiva sobre la porción de territorio que estos ciudadanos habiten. Es un riesgo demasiado grande, porque implica la remota y cada vez más cercana posibilidad de que se fracture la unidad territorial de la nación.

El derecho internacional reconoce a los Estados nacionales la facultad de sostener su integridad territorial. Sin embargo hay excepciones, como es el caso del conflicto de los Balcanes (1991-2001), donde en virtud de apelaciones plurinacionales el territorio de la antigua Yugoslavia se particionó dando lugar a la fragmentación y al surgimiento de Estados mucho más pequeños que hoy en día permanecen en su gran mayoría sumidos en la pobreza.

Sin desmedro de la importancia de los pueblos originarios, de su riqueza cultural y del hecho insoslayable de que muchas de las comunidades que persisten hasta nuestros días han sido históricamente postergadas y empobrecidas, es necesario que el Estado argentino tome cartas en el asunto de la soberanía nacional, imponiendo su presencia como garantía de unidad territorial. Nuestros hermanos indígenas son ante todo argentinos, no se les reconoce como estatus más que el de compatriotas y como tales deben ejercer el legítimo derecho a la protesta, no así al vandalismo, el terrorismo o lisa y llanamente la sedición en contra del Estado argentino.

La problemática de los pueblos originarios es prerrogativa del Estado argentino y debe ser resuelta por la voluntad política, la asistencia del Estado y la inclusión con justicia social. Ni el reconocimiento de las comunidades como naciones autónomas ni hacer la vista gorda ante la emergencia de sectores radicalizados que desconocen la autoridad nacional son la solución, sino más bien la seguridad del recrudecimiento de un conflicto cuyo resultado final podría ser nada menos que la fragmentación territorial.

Pero tampoco hay que ser ingenuos. Más allá de las legítimas reivindicaciones que las comunidades reclaman será cuestión de investigar los vínculos que los sectores radicales sostienen con organizaciones interesadas en la secesión, si los hubiere. En nuestro país existen iniciativas que atentan contra la unidad territorial —el llamado “Mendoexit”, por ejemplo— cuyos vínculos con las familias patricias europeas está probado y documentado. De hecho, existen sectores autodenominados mapuche cuya relación con Inglaterra no están del todo explicitadas y pueden generar suspicacia.

Es necesario que el Estado argentino sin discriminación partidaria se ponga a la tarea de identificar a cada uno de los grupos y atender a sus demandas, siempre y cuando no existan antecedentes de desconocimiento de la autoridad nacional, en cuyo caso será importante determinar también la existencia o no de delitos contra la propiedad o el patrimonio nacional.

La apelación al principio de la autodeterminación de los pueblos no puede sentarse como precedente para poner en riesgo la soberanía del país. Todos los hombres y mujeres que habitan el suelo argentino —hayan o no nacido en él— son argentinos en la práctica, es decir, en cualquier caso están sujetos a las generales de una ley que es igual para todos, tal como lo establece nuestra Constitución nacional.

Pero existen otros riesgos que emanan de la apelación por la autodeterminación de los pueblos y un ejemplo de ello es Malvinas. Si el Estado argentino reconociera por ejemplo a los mapuches el estatus de nación, ¿qué sucedería si los habitantes de las Islas Malvinas apelaran al mismo principio? Argentina no puede darse el lujo de poner en peligro una lucha de casi dos siglos por el reconocimiento de su legítima soberanía en las islas como consecuencia del deseo de no imponerse de manera firme sobre comunidades díscolas que no le reconocen la autoridad.

El progresismo argentino a menudo incurre en la ingenuidad de no discernir entre las demandas legítimas de los pueblos originarios y las acciones radicales que atentan de manera directa sobre la unidad nacional. No podemos darnos ese lujo, es preciso que separemos la paja del trigo. Jamás resolveremos como país la deuda histórica que sostenemos desde la conformación del Estado nacional con “nuestros hermanos los indios”, como les llamaba el General San Martín, si no tomamos seriamente cartas en el asunto.

Y, sobre todo, si no recordamos en todo momento que solo existe una bandera que nos representa a todos, desde La Quiaca hasta Ushuaia, pasando por cada uno de los remotos rincones del país, por nuestra Antártida, nuestros mares y nuestro territorio insular: la bandera blanca y azul celeste, la bandera de todos los argentinos.

Teniente General César Milani
Jefe del Ejército Argentino (2013/2015)

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